Producir más no es suficiente si después resulta difícil vender. Con ese desafío, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley que viabiliza un financiamiento de $us 24,6 millones para ejecutar el programa Agrosustentar, que beneficiará a 17.500 familias de pequeños productores de 24 municipios rurales de Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.
Los recursos provienen del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado de Naciones Unidas, y estarán destinados a mejorar la producción, fortalecer la capacidad de los agricultores para enfrentar los efectos del cambio climático y facilitar el acceso a mercados.
La intervención se concentrará en municipios considerados vulnerables a los efectos de la crisis climática y alcanzará cultivos que forman parte de la economía y alimentación de miles de familias: maíz, arroz, maní, frejol, cacao, banano, plátano y piña, entre otros.
Una de las metas es alcanzar 18.000 hectáreas con producción diversificada y disponer de cerca de 2.000 toneladas de semillas certificadas de maíz, arroz, maní y frejol. También se proyectan 80 planes comunales de desarrollo productivo, 162 planes de inversión y el fortalecimiento de 22 asociaciones de productores de semillas.
El desafío está también en vender
Pero Agrosustentar pretende avanzar más allá de la parcela. Una parte del programa apunta a resolver uno de los problemas habituales de la pequeña producción: cómo transformar una buena cosecha en mejores ingresos para las familias.
Para ello están previstos 230 emprendimientos destinados a fortalecer infraestructura productiva, poscosecha y comercialización, además de 12 ferias productivas, siete redes de comercialización y tres espacios de mercado.
Paz puso el énfasis precisamente en este punto. Explicó que el proyecto no se limitará a incrementar la producción agrícola, sino que buscará mejorar las condiciones de comercialización y abrir posibilidades para que los productos bolivianos lleguen a nuevos mercados, incluidos los internacionales.
El programa también contempla capacitación y asistencia técnica. Entre sus metas figuran cinco certificaciones para organizaciones de productores, además de 58 técnicos rurales y 171 productores capacitados.
Un cuarto componente estará destinado a la administración, seguimiento y evaluación del programa e incluirá herramientas para la gestión ambiental, social y climática, además de mecanismos para medir sus resultados.
El desafío para el Gobierno será convertir los $us 24,6 millones en resultados que puedan medirse más allá de planes, capacitaciones y ferias: más productividad, mayor capacidad para enfrentar los efectos del clima y, especialmente, mejores ingresos para las 17.500 familias productoras.