El Presupuesto General del Estado (PGE) de Bolivia, gestión 2023, que tiene siete observaciones de la mayoría del Senado y el ala “evista” del MAS en diputados, además de los de la oposición, será debatido bajo la mirada de los alcaldes, quienes exigen su aprobación inmediata para pagar ejecución de obras, sueldos y aguinaldo de fin de año.
La bancada “arcista” de senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) enfrentará hoy su primer debate para defender el proyecto de ley Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2023, cuando a las 15.00 se instale la segunda sesión ordinaria de la Legislatura 2023-2024 de este lunes.
El documento que tiene siete observaciones de la mayoría del Senado y el ala “evista” del MAS en diputados, además de los de la oposición será debatido bajo la mirada de los alcaldes, quienes exigen su aprobación inmediata para pagar ejecución de obras, sueldos y aguinaldo de fin de año.
El senador evista del MAS, William Torrez, explicó que el Senado aprobó el presupuesto solicitado por el Ejecutivo, son variar el monto, que es de Bs 6.455 millones, pero rechazaron las siete disposiciones finales que “nada tienen que ver con el presupuesto.
“El Gobierno, de manera artera, ha intentado incorporar siete disposiciones adicionales que no tienen nada que ver con el reformulado del presupuesto, dicen que parte tiene que ir a la creación de un Instituto de Ciencia y Tecnología, para pagar los gastos de la Procuraduría General del Estado. Lastimosamente nuestros municipios no saben de ello porque de la plata del reformulado el Gobierno solo le dará el 29,7% y el 70,3% se irá para el Ejecutivo”, especificó.
El presidente de la bancada del MAS, de la facción arcista, en Diputados, Andrés Flores, indicó que no aceptarán las modificaciones del Senado, “la no aprobación de este presupuesto no perjudica al Presidente, si no perjudica a todo el país, no vamos a aceptar las modificaciones que hizo el Senado.
La senadora de Creemos, Centa Rek, afirmó que los legisladores tiene toda la voluntad para aprobar el Presupuesto General reformulado y, al coincidir con Torrez, indicó que las siete disposiciones adicionales son atentatorios a la población y no tienen nada que ver con el presupuesto.
“Las siete disposiciones adicionales tocan tópicos que nada tiene que ver con el presupuesto agregado y (la norma) fue utilizada para meter de contrabando los artículos controvertidos, peligrosos, artículos que ponen en problemas a la ciudadanía y que fueron combatidos en 2021, que eran parte de la Ley 1386 de Legitimación de Ganancias Ilícitas. Nuestra voluntad es aprobarla, pero sin leyes confiscatorias para los bolivianos. A quien tienen que exigirle una aprobación correcta es al Presidente Arce”, manifestó en declaración al canal Detrás de la Verdad.
El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, convocó a las senadores y diputados para la instalación de la segunda sesión ordinaria de la Legislatura 2023-2024 a realizarse este lunes 13 de noviembre a horas 15:00. El orden del día marca el tratamiento del Proyecto de ley Modificaciones al Presupuesto General del Estado-Gestión 2023, un tema que desde el Ejecutivo han remarcado es prioridad para avanzar en diversas iniciativas.
El presupuesto reformulado llegó al Legislativo el 17 de agosto y fue tratada y aprobada en Diputados, el 5 de octubre. Luego fue modificado y devuelto con observaciones por el Senado, el 25 de ese mes, pero al filo de la legislatura fue rechazado por los diputados. Estaba previsto que el PGE reformulado sea tratado en la última sesión de la gestión legislativa 2022 – 2023; sin embargo, el presidente de la ALP, David Choquehuanca, decidió esperar a que la Comisión de Constitución se pronuncie sobre la legalidad de la norma y así evitar posteriores recursos que puedan dificultar su aplicación.
Del total del monto del presupuesto reformulado, algo más del 70% serán destinados al Gobierno central. “Estamos hablando de más de Bs 2.100 millones que están destinados al gasto corriente, específicamente a las partidas 100 para sueldos y salarios para el personal permanente, y la 200, sueldos y salarios a personal eventual, que son quienes hacen consultoría. Además, la 300 es para servicios, celulares, gasolina, es decir, gasto corriente”, explicó a El Deber el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel, quien formó parte de la comisión de Planificación que revisó la propuesta enviada por el Ministerio de Economía para su tratamiento.
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